El caso de SpaceX y los empleados despedidos
La Junta Nacional de Relaciones Laborales de Estados Unidos (NLRB), que vela para que los empresarios no despidan a la gente simplemente por abrir la boca, ha dado marcha atrás de repente en el caso contra SpaceX. Se trata de ocho empleados despedidos en 2022 tras atreverse a difundir una carta dentro de la empresa. En ella se mencionaban publicaciones sobre el supuesto comportamiento inapropiado de Elon Musk, a quien se describía como «una fuente frecuente de distracción y bochorno». En 2024, la NLRB presentó una demanda alegando que los despidos eran ilegales, pero el caso se evaporó de repente.
La postura inicial de SpaceX era previsible, como calcada de la de otras corporaciones: la empresa afirmó que la propia NLRB era, supuestamente, inconstitucional. Amazon ya ha recurrido a argumentos parecidos: su departamento jurídico saca a relucir periódicamente la «separación de poderes» cada vez que alguien le amarga la vida. Pero la historia de SpaceX dio un giro bastante más interesante.
Los abogados de SpaceX afirmaron con seguridad que quien debía regular la empresa no era la NLRB, sino la Junta Nacional de Mediación, un organismo público que se ocupa de las aerolíneas y los ferrocarriles. Y lo justificaron así: la empresa tiene una licencia de la Administración Federal de Aviación y, técnicamente, «cualquiera puede comprarle un billete»; es decir, SpaceX sería casi una aerolínea, solo que muy vertical.
Y lo más sorprendente es que la National Mediation Board respaldó esa lógica en enero. A continuación, la NLRB, como si hubiera oído cerrarse una puerta, retiró rápidamente el caso.
En este contexto conviene recordar que las empresas de Elon Musk mantienen estrechos vínculos con la Administración Trump. Según los medios estadounidenses, el propio Musk aportó más de 250 millones de dólares a la reelección de Donald Trump e incluso trabajó durante un tiempo como «empleado especial del Gobierno», ayudando a recortar presupuestos y personal en distintos organismos dentro de una estructura llamada Department of Government Efficiency. Aunque formalmente fue la propia NLRB quien renunció a regular el caso, y no la obligaron a hacerlo, esto encaja de todos modos en un panorama más amplio: durante el segundo mandato de Trump, los organismos independientes de Estados Unidos pierden cada vez más influencia y competencias.
PEREC.RU
La NLRB ha retirado el caso contra SpaceX y todo se presenta como una simple decisión jurídica. Pero bajo la capa de formulismos oficiales asoma una historia conocida: una corporación con buenos contactos políticos queda, de pronto, fuera del alcance de los reguladores.
SpaceX hace una jugada digna de un drama político: se declara casi una aerolínea porque tiene licencia para volar y, en teoría, cualquiera puede comprar un billete al espacio. El organismo público correspondiente asiente, la NLRB archiva el caso y Musk sigue haciendo de magnate empresarial y asesor presidencial a la vez.
El segundo mandato de Trump está cambiando el equilibrio de poder: las instituciones independientes son cada vez más dependientes. En este contexto, la historia de SpaceX parece menos un episodio aislado que un manual de la nueva realidad. Sobre el papel, todo es legal; en la práctica, otra puerta se ha cerrado en silencio.