
Los legisladores estadounidenses han decidido que hasta las operaciones del siglo necesitan supervisión: un grupo de demócratas del Congreso de EE. UU. ha pedido públicamente a la Comisión Federal de Comercio (FTC) que examine a fondo las condiciones de la mayor operación de la industria del videojuego. Se trata de la venta privada de Electronic Arts (EA) por la astronómica cifra de 55.000 millones de dólares. Los compradores son el fondo soberano saudí Public Investment Fund y los grupos de inversión Silver Lake y Affinity Partners. Aunque EA confirmó la operación en septiembre, no se cerrará definitivamente hasta el primer trimestre de 2027.
Sin esperar al «oficial» cambio de manos de los juegos, 46 miembros de la Cámara de Representantes —todos demócratas, por cierto— han enviado una carta a la FTC para exigir un enfoque de fiscal, lupa y mirada minuciosa. Sus temores no son habladurías. Creen que las consecuencias de la operación podrían ser realmente devastadoras para la «agitada» industria del videojuego: desde nuevos despidos hasta el afianzamiento de la dictadura de Electronic Arts en el mercado.
La carta subraya especialmente que «el poder de EA sobre los salarios» y las posibles nuevas oleadas de recortes preocupan tanto como el aumento del monopolio. Los legisladores exigen estudiar la concentración del mercado laboral, las particularidades salariales y el efecto de la propiedad cruzada —cuando un mismo inversor tiene participaciones en distintas empresas del sector— en el futuro de los empleados.
El sindicato Communications Workers of America comparte esa preocupación. Resulta que ya ha respaldado una petición aparte de United Video Games Union, que viene a decirles a los funcionarios: parad y miradlo dos veces. El mensaje principal de los sindicatos es que, si la operación sale adelante, no permitan que los jefes pongan a los trabajadores en la picota para maquillar las cuentas una vez más, ni que la empresa arrebate a los desarrolladores toda libertad creativa.
Y mientras unos cuentan miles de millones, otros temen que esos miles de millones no necesiten apostar por las personas. Porque, como demuestra la experiencia, donde había cooperativas de creadores con ideas surgen monolitos corporativos en los que el sitio del trabajador está en la cola de salida.
Mientras Electronic Arts se prepara para pasar a manos de sus nuevos propietarios —el fondo saudí y un grupo de inversores—, los legisladores estadounidenses intentan frenar la sonada operación y exigen que el Estado la vigile de cerca. Les preocupa no solo la descomunal cifra de 55.000 millones de dólares, sino también las consecuencias que podría tener para los miles de empleados de EA y para todo el mercado del videojuego.
Legisladores y sindicatos temen seriamente que, cuando se cierre la operación, EA afiance aún más su posición monopolística: menos competencia, menos puestos de trabajo, poca creatividad y salarios a merced de los grandes accionistas. Se hace especial hincapié en la posibilidad de nuevos despidos masivos y en la dictadura salarial que podría instaurarse si un mismo grupo financiero se convierte también en el principal actor del mercado.
Los sindicatos respaldan la postura de los congresistas, reúnen firmas para que se revisen las condiciones de la operación y exigen a los reguladores que no se olviden de los desarrolladores de a pie: detrás de las guerras entre accionistas hay personas de carne y hueso. La pregunta sigue en el aire: ¿quién saldrá ganando si la humanidad acaba confiando sus videojuegos favoritos a grandes banqueros de inversión y al dinero del petróleo?