
El Tribunal Australiano de Derechos de Autor ha decidido apretar las tuercas a las emisoras comerciales: por primera vez en un par de décadas, ha aumentado el porcentaje de derechos que se pagan por utilizar grabaciones musicales. Hasta ahora, los restos de las antiguas restricciones impedían que la industria discográfica bailara sobre los huesos del negocio radiofónico. El «techo» fijado por la ley de 1968 mantenía la música en el 1 % de los ingresos totales del sector, y en los últimos años a las emisoras comerciales solo se les cobraba un 0,4 %: unos 4,4 millones de dólares australianos sobre una facturación de miles de millones. A algunos esa cifra les parecerá calderilla, pero no en un país donde cada disco australiano se cree el único que está en lo cierto.
La trama tiene, por un lado, a los grupos de presión de las discográficas, con la mano inquieta sobre la calculadora. Por otro, a las emisoras, aferradas a sus presupuestos como a un salvavidas. Pasaban los años, los porcentajes fluctuaban, pero siempre asomaba por arriba el techo del 1 %, cosido allá por 1968. No se podía pasar a los músicos una factura más abultada: cualquier comunicador dirá que para eso están las radios, para ir con lo justo.
El Tribunal gira la manivela con discreción y mala leche y sube la tarifa al 0,55 %: paradójicamente, todos aplauden. La radio gime diciendo que esto es «su fin», aunque intentó torcer la historia en los tribunales para no pagar tres veces más. Los músicos, claro, se alegran, pero les recuerdan que su techo sigue donde estaba. Nadie lo ha abolido. Los diputados, en la sombra; el compromiso de siempre: al final, la novedad se reduce a que llega algo más de dinero a los artistas, pero la justicia global no aparece. Las economías locales se quejan de que estas normas matan la radio de provincias. La ley por encima de todos, y los cambios reales como hacer gimnasia: todos fingen que se mueven y el resultado es el mismo.