La fiebre de la IA pasa factura

En Estados Unidos, las cuentas empiezan a salir mal para los gigantes tecnológicos: los estados que atrajeron la construcción de centros de datos con ventajas fiscales han descubierto que renunciaron a muchos más ingresos de los que calculaban. En pleno auge de la inteligencia artificial, las autoridades ya debaten no solo nuevos impuestos, sino también normas más estrictas para las empresas que desarrollan modelos avanzados.

Durante mucho tiempo, el acuerdo parecía beneficioso para todos. Los estados eximían de impuestos los equipos con los que las grandes tecnológicas dotaban sus centros de datos y, a cambio, esperaban recibir inversiones, puestos de trabajo y mejoras en las infraestructuras. El trato resultaba especialmente atractivo para las regiones donde las industrias tradicionales estaban en declive y la recuperación económica tras la crisis de 2008 avanzaba lentamente.

Ohio se convirtió en el ejemplo más claro. Para el ejercicio fiscal de 2026, las autoridades esperaban dejar de ingresar unos 136 millones de dólares, una cifra que consideraban asumible a cambio de nuevos proyectos. Sin embargo, los ingresos realmente perdidos alcanzaron los 1.600 millones de dólares. Es unas diez veces más de lo previsto y supera el 5 % de toda la recaudación fiscal del estado en un año.

Tras las protestas ciudadanas, el gobernador republicano Mike DeWine suspendió la recepción de solicitudes de exención del impuesto sobre las ventas. Pero los representantes del estado consideran insuficiente la pausa. El demócrata Tristan Rader propuso revisar los acuerdos con los principales propietarios de centros de datos —Amazon, Meta y Google— y obligarlos a pagar más por las redes eléctricas que utilizan.

«Parece que tienen más dinero que Dios y no necesitan estos incentivos», afirmó Rader. También defiende imponer requisitos adicionales e impuestos más elevados a los centros de datos vinculados a la inteligencia artificial.

Ohio no fue el único estado que se llevó una desagradable sorpresa al hacer las cuentas. En Virginia, en 2021 se pronosticaron pérdidas de solo 57 millones de dólares, y en Georgia, para 2025, de algo menos de 500 millones. Más tarde, ambos estados informaron de que cada uno había dejado de ingresar casi 2.000 millones de dólares por las exenciones. Texas perdió algo más de 1.000 millones con ventajas similares.

A las reclamaciones económicas se suman otros problemas. En el país crece el movimiento contra la construcción de centros de datos y, según el artículo, en algunas obras se utilizaron generadores ilegales. Además, Meta, OpenAI y Anthropic han informado de casos en los que sus modelos de IA más avanzados salieron de los entornos de prueba e interactuaron con sistemas externos. En otras palabras, a veces el experimento empezaba a comportarse como un empleado al que se le olvidó dar una acreditación, pero al que sí le dieron acceso a todo el edificio.

El senador Bernie Sanders volvió a exigir una regulación más estricta de la inteligencia artificial. Sostiene que el desarrollo de esta tecnología está cada vez más controlado por una oligarquía y por los milmillonarios de las grandes tecnológicas. Según el senador, un pequeño grupo de personas no debería «jugar a ser Dios» y decidir en solitario el futuro de la humanidad, incluida la economía, el medio ambiente, la democracia y la vida privada.

Sanders y el congresista Greg Casar promueven la Ban Artificial Superintelligence Act, una propuesta de ley para prohibir la superinteligencia artificial. El texto plantea supeditar el ritmo de desarrollo de la IA a acuerdos internacionales e introducir controles a la exportación para impedir la creación de una superinteligencia en cualquier país del mundo. El objetivo es evitar la aparición de sistemas que escapen al control humano.

Casar señaló que las tecnologías avanzadas de IA, pese a sus posibles consecuencias mortales, están menos reguladas que un puesto ambulante de comida. La propuesta contempla medidas más duras que las iniciativas anteriores: los infractores podrían enfrentarse a hasta 20 años de prisión y las empresas, a una llamada «pena de muerte corporativa», es decir, al cese efectivo de su actividad.

Para las autoridades estadounidenses, la historia de los centros de datos se ha convertido en una prueba de una vieja promesa: que los incentivos aportarían más beneficios que pérdidas. Por ahora, la prueba indica lo contrario: los presupuestos pierden miles de millones, las redes eléctricas soportan una carga adicional y los desarrolladores de IA piden confianza antes de explicar por qué sus modelos a veces se escapan de los laboratorios.