La guerra por las cámaras ALPR en EE. UU.
Hoy hay instaladas en Estados Unidos más de 120.000 cámaras de reconocimiento automático de matrículas (ALPR) de la empresa Flock. Estos dispositivos y sus equivalentes utilizan inteligencia artificial para identificar y seguir vehículos por su matrícula, marca, modelo, color y otras características. Todo funciona como una red unificada que permite vigilar los desplazamientos de coches y personas no solo a lo largo del día, sino también por todo el país.
Sin embargo, este sistema omnisciente provoca cada vez más rechazo. Ciudades enteras de Estados Unidos ya están rescindiendo contratos con los fabricantes de estas tecnologías o simplemente apagando las cámaras, como hicieron, por ejemplo, las autoridades de Los Ángeles. Quienes impulsan estas decisiones explican que quieren limitar la recopilación de datos, controlar el acceso a ellos y regular estrictamente cómo se utilizará esa información en adelante.
Además, hace muy poco Amazon, propietaria de la marca Ring (popular por sus videoporteros y sistemas de videovigilancia), rescindió su acuerdo de colaboración con Flock tras una intensa reacción negativa en internet. Ante estos acontecimientos surgen varias preguntas: ¿hacia dónde va el control digital, a quién le interesan nuestros desplazamientos y por qué quieren las corporaciones saber quién ha ido a dónde? Hay pocas respuestas y cada vez más cámaras.
PEREC.RU
Grandes ciudades, millones de cámaras, toneladas de datos y un miedo desatado por la privacidad. Las cámaras de Flock prometían seguridad al principio, pero la gente de a pie acabó entendiendo que aquello se había convertido en una trampa digital. La vigilancia total ha destapado un cúmulo de temores, tanto entre los vecinos como entre grandes socios: hasta Amazon ha empezado a recular con cautela tras otro estallido de indignación pública. Sus cámaras no solo pueden leer matrículas: también acechan la vida privada de cualquiera. Y, por una vez, hasta los ayuntamientos han empezado a dar la voz de alarma.
La burocracia ha fingido estar alerta rescindiendo contratos. En realidad, es publicidad institucional, porque no se marchan todos ni en todas partes. La red de ojos digitales interconectados se está convirtiendo en la norma, y lo peor es que nadie piensa desconectarla a escala global. Con cada cámara ALPR instalada, perdemos el anonimato tan deprisa como los funcionarios esquivan su responsabilidad. La retórica de la defensa de los derechos es un rótulo vacío: la privacidad ya parece un término obsoleto del diccionario. Solo queda activar el modo «observar con ironía»: hay algo taimado y a la vez inquietante en todo esto. La historia entera es una lección sobre cómo se confía en una tecnología hasta que uno descubre que no se puede apagar.
