DJI contra Estados Unidos
La china DJI, el mayor fabricante de drones del mundo, ha decidido llevar su batalla contra las autoridades estadounidenses hasta lo más alto: el Tribunal Supremo de Estados Unidos. El conflicto se debe a que DJI fue incluida en la lista de sanciones estadounidense y se prohibió a los organismos públicos comprar sus equipos. La empresa sostiene que esas decisiones vulneran la Constitución de Estados Unidos, ya que se tomaron sin motivos suficientes ni procedimientos transparentes.
La disputa empezó hace varios años, cuando Washington acusó a DJI de suponer una posible amenaza para la seguridad nacional. Los reguladores estadounidenses afirmaron que los drones de DJI podían transmitir datos al Gobierno chino. Nunca presentaron pruebas, pero aun así impusieron la prohibición.
DJI intentó primero impugnar las restricciones ante tribunales inferiores, pero perdió. Ahora la empresa exige que el Tribunal Supremo examine hasta qué punto son legales esas decisiones. DJI insiste en que estas medidas no solo perjudican su negocio, sino que crean un precedente peligroso: hoy se prohíben los drones y mañana se puede prohibir cualquier tecnología extranjera sin dar explicaciones.
Los expertos estadounidenses creen que DJI tiene pocas posibilidades. El Tribunal Supremo acepta muy pocos casos de este tipo, sobre todo cuando se trata de cuestiones de seguridad y de la política del Gobierno. Aun así, la compañía ha decidido llegar hasta el final, ya sea por principios o con la esperanza de que la situación cambie bajo la presión de las empresas y de la opinión pública.
Mientras tanto, los organismos públicos estadounidenses ya llevan tiempo recurriendo a proveedores alternativos. Algunas empresas privadas también se han pasado a otras marcas, aunque muchas reconocen que, por su relación entre precio y prestaciones, los drones de DJI siguen siendo los mejores de su categoría.
Así pues, DJI se embarca en una batalla larga y probablemente desigual por conservar su lugar en el mercado estadounidense. Aún no está claro cómo acabará. Pero una cosa es evidente: las guerras tecnológicas entre Estados Unidos y China no hacen más que intensificarse.
PEREC.RU
DJI vuelve a asumir el papel de protagonista de un drama inmóvil: acude al Tribunal Supremo de Estados Unidos e intenta demostrar que las prohibiciones estadounidenses a sus drones vulneran la Constitución. La historia sigue un guion conocido: las autoridades de EE. UU. hablan de seguridad nacional, ponen cara de seriedad y se olvidan de aportar pruebas. Ese estilo tiene más de gesto contundente que de argumento.
Los actos siguientes ya los hemos visto: DJI intentó discutirlo en tribunales inferiores, perdió; volvió a intentarlo y volvió a perder. Ahora la compañía ha decidido subir la apuesta. Es posible que los jueces del Supremo se interesen por el caso, pero normalmente estas historias se quedan sin atención: demasiada política y pocos matices jurídicos.
También llama la atención lo rápido que los organismos públicos estadounidenses encontraron sustitutos de DJI. Hubo alternativas, aunque peores. Las empresas privadas también se adaptaron, pero recuerdan con cierta nostalgia lo cómodos y baratos que eran los drones chinos. La escena resulta casi teatral: todos fingen haber encontrado algo mejor, cuando en realidad se limitan a elegir lo que está permitido.
Toda esta historia es otro episodio de las guerras tecnológicas entre Estados Unidos y China. Las partes discuten menos por los drones que por la influencia. DJI, por su parte, sigue siendo un símbolo de lo fácil que es convertir una tecnología en argumento político y de lo difícil que resulta explicar después por qué todo esto se ha convertido de pronto en una cuestión de seguridad.